En una situación que deja en evidencia la falta de soluciones habitacionales por parte de las administraciones públicas, varias familias de Almería enfrentan la expropiación forzosa de sus viviendas sin haber recibido alternativas habitacionales adecuadas. El procedimiento judicial autorizado recientemente agrava aún más su situación.
El pasado 15 de mayo de 2024, el Juzgado de Almería, bajo la dirección del juez Andrés Salas Felipe, emitió una providencia relacionada con la autorización de entrada en domicilios que han sido objeto de expropiación forzosa. Este proceso, instigado por la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), busca acceder a las fincas con referencia catastral especificada para proceder con las obras del soterramiento para la llegada del AVE.
Según el documento judicial, se ha seguido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para evitar situaciones de indefensión. Sin embargo, antes de dictar la resolución definitiva que permitirá a ADIF ocupar las fincas y continuar con las obras, se ha decidido otorgar un plazo de tres días para escuchar a los moradores de las propiedades afectadas.
A pesar de este breve respiro, las familias afectadas se encuentran en una situación de gran incertidumbre. La falta de respuesta por parte de las administraciones públicas sobre alternativas habitacionales deja a estas personas en una posición vulnerable, sin saber dónde podrán residir una vez se ejecute la expropiación.
La ausencia de un plan claro para reubicar a estas personas no solo representa un fallo administrativo, sino también un atentado contra los derechos básicos de los ciudadanos.
Desde Podemos en Almería, su portavoz, Alejandro Lorenzo ha manifestado que seguirán del lado de los vecinos afectados por esta situación y reclama al Ayuntamiento abandonar la posición contemplativa en la que se han instalado y tome medidas firmes en defensa del derecho a la vivienda de los almerienses.
Punto Crítico 
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