La reciente queja de Beatriz Sánchez, concejala de Vox en El Ejido, por la falta de debate sobre su moción para expulsar a inmigrantes ilegales del municipio, ha generado polémica no solo por su contenido, sino también por la falta de competencias municipales en este ámbito. Es importante recordar que las políticas de inmigración y expulsión son competencia exclusiva del gobierno central, no de los ayuntamientos, lo que convierte la moción de Vox en un ejercicio político vacío y provocador.
Plantear un debate sobre una cuestión que excede las competencias municipales no solo es una maniobra populista, sino también una estrategia peligrosa que puede generar división y fomentar el racismo. La moción propuesta por Vox se basa en una agenda de exclusión y criminalización de los inmigrantes, especialmente aquellos en situación irregular, lo que alimenta discursos xenófobos que no deberían tener lugar en una sociedad que se proclama democrática y diversa.
El intento de Vox de llevar al pleno una moción que busca la expulsión de personas en situación de vulnerabilidad es un claro ejemplo de racismo institucional. Lejos de buscar soluciones integradoras o medidas que mejoren la convivencia, la propuesta solo busca señalar y estigmatizar a un colectivo, contribuyendo a la polarización y el odio.
En lugar de dedicarse a iniciativas constructivas que puedan mejorar la vida de todos los ciudadanos, sin importar su origen, Vox opta por un discurso que divide y siembra el miedo. Este tipo de mociones no solo son inútiles a nivel práctico, sino que también son moralmente reprochables.
Punto Crítico 
Deja un comentario