Punto Crítico

El pasado sábado 14 de diciembre, se vivió un episodio alarmante en los campos de Níjar, Almería, que refleja las condiciones laborales precarias y la desprotección de muchos trabajadores agrícolas. Doce jornaleros, empleados sin contrato ni alta en la Seguridad Social, fueron despedidos tras meses trabajando más de 60 horas semanales en una empresa del grupo conocido por distribuir frutas y hortalizas con sellos de sostenibilidad como Global GAP, denunciados por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) como un ejemplo de «greenwashing» empresarial.

Según el SAT, los empleados soportaron jornadas agotadoras bajo condiciones extremas, especialmente durante los meses de verano, con promesas incumplidas de regularizar su situación laboral. Tras meses de explotación, la empresa prescindió de sus servicios sin previo aviso. Al exigir explicaciones, los trabajadores se encontraron con un acto de violencia inaudito: uno de los empresarios, en un intento de huir de la confrontación, embistió con su vehículo contra los trabajadores, causando lesiones a varios de ellos.

Un estercolero laboral en los campos de Almería

El SAT califica estos hechos como parte de un «estercolero laboral» amparado, según denuncian, por la inacción de las instituciones y el poder político. «Esto no es un caso aislado; es el reflejo de una realidad sistemática en los campos de Almería, donde la explotación laboral y la violencia patronal se normalizan para maximizar beneficios», afirmaron desde el sindicato.

A pesar de la gravedad del incidente, se desconoce si la Guardia Civil, que acudió al lugar de los hechos, ha procedido a la detención del empresario implicado. Desde el SAT critican la falta de celeridad en este tipo de actuaciones, asegurando que si los roles se invirtieran y fuese un sindicalista el agresor, las consecuencias serían inmediatas.

Apoyo jurídico y un llamado a la acción

El Sindicato Andaluz de Trabajadores ha anunciado que brindará apoyo jurídico penal y laboral a los doce trabajadores afectados, calificando lo sucedido como un «presunto delito contra los derechos de los trabajadores». Asimismo, han exigido al Ministerio del Interior medidas claras y contundentes para detener y juzgar a los responsables de estas prácticas abusivas.

«Ni una agresión a la clase trabajadora sin respuesta. La lucha continúa. Ni un paso atrás», concluyen desde el SAT, haciendo un llamado a las instituciones nacionales y europeas, así como a los consumidores, para que exijan responsabilidad a las empresas y garanticen condiciones laborales dignas en el sector agrícola.

Este caso pone en el foco la urgente necesidad de inspecciones laborales efectivas y una actuación contundente contra la explotación y la violencia patronal que sufren miles de trabajadores en los campos españoles.