El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) ha emitido un contundente comunicado dirigido a los medios de comunicación y a la clase trabajadora, en el que denuncia la negativa del Delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández Peñalver Toño, sobre un reciente atropello que involucró a un grupo de trabajadores en una finca del conocido «mar de plástico» en Almería.
El incidente, que fue captado en video y ha generado una ola de indignación, muestra cómo varios trabajadores fueron atropellados. Sin embargo, el Delegado del Gobierno desestimó la gravedad de la situación en una rueda de prensa el pasado lunes, afirmando que no hubo tal atropello y negando la existencia de partes de lesiones, a pesar de que el sindicato asegura tener copias de estos documentos.
El SAT critica la actitud del Delegado, comparando su respuesta con la de otros funcionarios que han intentado ocultar la realidad de los abusos laborales en la región. En su comunicado, el sindicato recuerda casos anteriores, como el de Fernando Grande-Marlaska, quien negó el uso de pelotas de goma en incidentes en el Tarajal, donde murieron al menos 14 personas.
«Señor Delegado, no se puede juzgar a un grupo de trabajadores que solo han estado luchando por sus derechos laborales. Exigimos una investigación rigurosa que examine todas las pruebas, incluidos videos, audios y testimonios», señala el comunicado. El SOC/SAT también cuestiona la falta de acción de las autoridades ante la explotación laboral que, según ellos, es habitual en los campos de Almería.
El sindicato hace un llamado a la justicia y a la responsabilidad del gobierno, instando a que se tomen medidas efectivas para proteger los derechos de los trabajadores. «La clase trabajadora no tiene fronteras. ¡Llegó la hora! ¡Al campo y al manipulado con derechos! Ni un paso atrás. La lucha sigue», concluye el comunicado.
La situación en Almería ha puesto de relieve la necesidad de una mayor protección y regulación de los derechos laborales, en un contexto donde la explotación y el abuso son, según el SAT, prácticas comunes. La respuesta del gobierno y las acciones que se tomen en los próximos días serán cruciales para determinar el futuro de los derechos laborales en la región.

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